El XVIII Congreso de Hispajuris reúne a juristas y empresarios en busca de fórmulas para lograr esa deseada segunda oportunidad
. La Ley Concursal, que se supone que junto al resarcimiento de los
acreedores de las empresas declaradas insolventes busca dar una segunda
oportunidad a esas mismas compañías, acumula mil y una reformas -muchas
por la vía en mano del Gobierno del real decreto ley- sin que ese
segundo objetivo, tan importante o más que el primero, sea una realidad.
Ese es el mensaje que quedó la pasada semana en el aire en el Colegio de Abogados de Gipuzkoa, donde, en el marco del XVIII Congreso Hispajuris, se celebró una mesa redonda con la participación de numerosos y notables expertos que departieron sobre 'La viabilidad de la empresa en concurso de acreedores'. Antes del inicio de la sesión, el presidente de Hispajuris (una red de 38 despachos con casi 600 personas y que trabaja como un único bloque en toda España), Fernando Escura, entregó una placa de agradecimiento a la decana del Colegio guipuzcoano, Lurdes Maiztegi, que ejerció de anfitriona.
Ante un nutrido grupo de expertos en materia mercantil y de hombres de empresa, junto a los que se encontraban el secretario general de Adegi, José Miguel Ayerza, y el 'número dos' de la la Hacienda foral deGipuzkoa, Xabier Olano, inició la sesión José Luis Martínez Fernández, socio-director de SUnion-Hispajuris.
Martínez se refirió a ese rosario de reformas (la última, a comienzos de septiembre y por la vía urgente que se solapa, además, con otra que aún tramitan las Cortes Generales).
Y fue más que rotundo en su análisis. Los parches y reformas una tras otras son «un fracaso», sentenció, para recordar que la anhelada vía para salvar a las empresas en problemas no existe, como lo demuestra el hecho, recordó, de que sólo un 5% de las concursadas sobreviven más allá de un año, frente al, por ejemplo, 20% de Alemania.
José Luis Martínez no dejó pasar la oportunidad para, en ese marasmo de normas siempre oscilantes, destacar la labor de los jueces de lo Mercantil, de los que aplaudió el empuje que le falta al legislador para, siempre que se puede, tratar de dar salidas a las empresas concursadas. Sobre esa 'penúltima' reforma de la ley, afirmó que en ocasiones «no tiene ni pies ni cabeza» -sobre todo en los nuevos escenarios de quitas y aplazamientos de deuda-, y declaró que «el legislador se ha preocupado poco de la realidad» empresarial. Al tiempo, realizó un encendido llamamiento a facilitar desde las normas concursales la financiación -la «gasolina», dijo- de esas compañías en problemas.
El presidente de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, Pedro Esnaola, cambió el tercio y explicó el drama de los concursos de acreedores desde el prisma de las empresas como generadoras de riqueza, empleo y conocimiento para el territorio. Explicó que las sucesivas reformas de la Ley Concursal vienen a ser parches a corto plazo que van por detrás de la realidad y «son buenas sólo para las administraciones y los bancos, pero no para los empresarios, a los que se les ve como parte del problema». Y apuntó que el 98% de los empresarios son pequeños emprendedores que se juegan todo su patrimonio en su compañía.
Pedro José Malagón, titular deljuzgado de lo Mercantil Número 1 de Donostia y encargado del 'Caso Fagor', confió en que la última reforma permita ahora la venta en bloque de unidades productivas y sin trabajadores de las empresas concursadas sin que el 'fantasma' de la Seguridad Social aparezca y complique la operación.
Ese es el mensaje que quedó la pasada semana en el aire en el Colegio de Abogados de Gipuzkoa, donde, en el marco del XVIII Congreso Hispajuris, se celebró una mesa redonda con la participación de numerosos y notables expertos que departieron sobre 'La viabilidad de la empresa en concurso de acreedores'. Antes del inicio de la sesión, el presidente de Hispajuris (una red de 38 despachos con casi 600 personas y que trabaja como un único bloque en toda España), Fernando Escura, entregó una placa de agradecimiento a la decana del Colegio guipuzcoano, Lurdes Maiztegi, que ejerció de anfitriona.
Ante un nutrido grupo de expertos en materia mercantil y de hombres de empresa, junto a los que se encontraban el secretario general de Adegi, José Miguel Ayerza, y el 'número dos' de la la Hacienda foral deGipuzkoa, Xabier Olano, inició la sesión José Luis Martínez Fernández, socio-director de SUnion-Hispajuris.
Martínez se refirió a ese rosario de reformas (la última, a comienzos de septiembre y por la vía urgente que se solapa, además, con otra que aún tramitan las Cortes Generales).
Y fue más que rotundo en su análisis. Los parches y reformas una tras otras son «un fracaso», sentenció, para recordar que la anhelada vía para salvar a las empresas en problemas no existe, como lo demuestra el hecho, recordó, de que sólo un 5% de las concursadas sobreviven más allá de un año, frente al, por ejemplo, 20% de Alemania.
José Luis Martínez no dejó pasar la oportunidad para, en ese marasmo de normas siempre oscilantes, destacar la labor de los jueces de lo Mercantil, de los que aplaudió el empuje que le falta al legislador para, siempre que se puede, tratar de dar salidas a las empresas concursadas. Sobre esa 'penúltima' reforma de la ley, afirmó que en ocasiones «no tiene ni pies ni cabeza» -sobre todo en los nuevos escenarios de quitas y aplazamientos de deuda-, y declaró que «el legislador se ha preocupado poco de la realidad» empresarial. Al tiempo, realizó un encendido llamamiento a facilitar desde las normas concursales la financiación -la «gasolina», dijo- de esas compañías en problemas.
Excesivo poder
Eso en cuanto a los convenios con los acreedores. Y respecto a la
liquidación en los concursos, Martínez sacó a relucir -como hicieron
otros ponentes- los siempre prevalentes créditos privilegiados de
instituciones como la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) o
las distintas haciendas. A su juicio, se debe revisar el asunto de los
créditos de derecho público y su posición de poder que, dijo, «es
excesiva». «Es necesario dar más certidumbre y seguridad jurídica, sobre
todo en la transmisión de contratos cuando se lleva a cabo una venta de
la empresa como una unidad productiva y dar más facultades al juez para
controlar las ejecuciones», concluyó.El presidente de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, Pedro Esnaola, cambió el tercio y explicó el drama de los concursos de acreedores desde el prisma de las empresas como generadoras de riqueza, empleo y conocimiento para el territorio. Explicó que las sucesivas reformas de la Ley Concursal vienen a ser parches a corto plazo que van por detrás de la realidad y «son buenas sólo para las administraciones y los bancos, pero no para los empresarios, a los que se les ve como parte del problema». Y apuntó que el 98% de los empresarios son pequeños emprendedores que se juegan todo su patrimonio en su compañía.
Sistema perverso
Sin pelos en la lengua y con toda la experiencia del mundo en su mochila, José María Mendibil,
quien fuera jefe de recaudación de la TGSS en el País Vasco y que hoy
preside el Tribunal Económico Administrativo Foral (TEAF), puso ojos y
cara a uno de los grandes lastres a la hora de intentar salvar a las
empresas en concurso: los acreedores públicos y, en especial, la
Seguridad Social. La explicación, apuntó, es muy sencilla, el organismo
reclama siempre lo suyo sin preocuparse de nada más y, por si fuera
poco, trabaja bajo unas directrices que buscan dinero antes que nada.
«Es un sistema perverso, en el que existen incentivos a la recaudación»,
desveló. Pedro José Malagón, titular deljuzgado de lo Mercantil Número 1 de Donostia y encargado del 'Caso Fagor', confió en que la última reforma permita ahora la venta en bloque de unidades productivas y sin trabajadores de las empresas concursadas sin que el 'fantasma' de la Seguridad Social aparezca y complique la operación.
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